Ejecutivo autoriza intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interna

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Escrito por Piero Chávez Gonzales, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos. 

El día hoy, 2 de noviembre, el Poder Ejecutivo emitió una Resolución Suprema que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú con el objetivo de asegurar el control y mantenimiento del orden interno. Además, se faculta a las Fuerzas Armadas a prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales. Esta norma se aplicará en las Regiones Policiales de Lima y Callao por un periodo de 30 días calendario. 

En la argumentación de esta Resolución Suprema, se menciona que en ambas regiones operan organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas en diferentes modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos, entre otras actividades delictivas. Por ello, en atención al incremento significativo del índice delictivo, resulta conveniente autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna en las regiones de Lima y Callao. 

Sobre esta medida, se han presentado posiciones polarizadas. Por un lado, la actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, apoya esta medida. En una entrevista, sostuvo que cualquier intervención para pacificar es buena, siempre que se realice en el marco constitucional y en respeto de los derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, la ONG Amnistía Internacional manifestó su disconformidad con esta Resolución Suprema a través de sus redes sociales. Al respecto, recordó que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía y que las normas internacionales de DDHH exigen asegurar que el uso de las FFAA, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional.

Sobre esta problemática, vale la pena recordar que la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna se ha planteado como una solución en diferentes oportunidades al abordar la inseguridad ciudadana. Sin embargo, desde el Equipo de Derechos Humanos, es relevante manifestar preocupación por la decisión del Ejecutivo. Combatir la inseguridad ciudadana requiere de propuestas innovadoras y que consideren la complejidad de las actividades delictivas en el país, no soluciones populistas que colocan en riesgo la  vigencia de los derechos humanos. Los derechos y libertades fundamentales representan un límite a la actividad de los agentes del orden, por lo que el gobierno se encuentra en la obligación de garantizar su protección.

Fuente: El Peruano, Amnistía Internacional 

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