Mucho por aprender: Reflexiones sobre la educación rural en el Perú

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Escrito por Marcela Manzano y Amanda Regalado, miembros del Área de Comunicaciones e Imagen Institucional del Equipo de Derechos Humanos.

La educación puede entenderse como un derecho fundamental, un proceso humano y un servicio estatal accesible universalmente. Especialmente, en el ámbito escolar, permite a niños y niñas desarrollar sus capacidades intelectuales y sociales con un especial impacto en su vida futura. No obstante, es fundamental analizar si, realmente, la educación es un derecho al que todas las personas pueden acceder o si, por el contrario, existen grupos que se ven impedidos de ejercer su derecho fundamental de educarse. En el siguiente artículo se reflexionará sobre las dificultades que enfrentan estudiantes de zonas rurales en el Perú en relación a los estudios escolares.

En primer lugar, se encuentran las difíciles condiciones de vida que enfrentan las personas de zonas rurales. Por un lado, se evidencia el temprano inicio de la vida laboral. En el Perú, cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes realizan trabajo infantil y, de ellos, el 71.5% son peones de labranza y agropecuarios [1]. Esto impide que puedan desarrollarse adecuadamente, puesto que la mayor parte del día es dedicado a realizar actividades laborales; asimismo, representa una injerencia en su proyecto de vida y los planes que proyectan a futuro. Debe considerarse que, al encontrarse en un proceso de crecimiento, niños, niñas y adolescentes se ven perjudicados en su desarrollo físico y psicológico. Al dejar de concebir la educación como una prioridad, los estudios escolares son postergados, descontinuados o llevados con un rendimiento académico bajo.

Por otro lado, las limitaciones en servicios básicos representan una problemática constante en zonas rurales. El acceso a servicios de primera necesidad tales como el agua, desagüe, electricidad, salud etc., es limitado y precario, lo cual representa un impedimento para el libre desenvolvimiento de las personas dentro de áreas rurales. Un ejemplo de ello se encuentra en el acceso a servicios de conexión a internet en los hogares, lo cual obstaculiza la búsqueda de información, la comunicación con personas a distancia y dificulta la inclusión y relación entre las personas de zonas rurales y urbanas.

En segundo lugar, dentro de la población escolar existen grupos específicos que se han visto afectados en especial medida. Un reflejo de ello es el caso de estudiantes con discapacidades físicas, mentales y sensoriales. Según el Comité de Derechos del Niño, “existe un acceso limitado a la educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad, en particular en las zonas rurales y remotas, debido -entre otras cosas- a la falta de infraestructura y recursos adecuados, además de la limitada ayuda del Servicio de Apoyo y Asesoramiento de las Necesidades Educativas Especiales” [2]. Sobre esto, se hace evidente la necesidad de identificar oportunamente los requerimientos específicos de los estudiantes y, de ser el caso, solicitar apoyo por parte de profesionales especializados.

También es el caso de los niños y niñas no hispanohablantes, quienes no gozan de servicios de educación en su lengua materna. Esto se evidencia especialmente en estudiantes quechuahablantes, awajún y aymara, quienes asisten a instituciones educativas que no cuentan con un número suficiente de docentes capacitados en educación intercultural bilingüe [3]. Al no poseer medidas necesarias para su inclusión, los estudiantes que hablan lenguas originarias se ven perjudicados en su rendimiento escolar, en la socialización con profesores y estudiantes y en mayor probabilidad de repetir de grado y abandonar los estudios.

Otra problemática a la que se enfrenta el desarrollo de la educación rural son las dificultades geográficas. Debemos tener en cuenta que “un centro poblado rural es aquel que no tiene 100 viviendas contiguas, […]; o que, teniendo más de 100 viviendas, éstas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos” [4]. De esa forma, en entornos rurales, las amplias distancias entre viviendas o entre éstas y los centros educativos dificultan el acceso a la educación, pues el camino que los estudiantes deben atravesar implica numerosos peligros para su integridad física debido a los accidentes geográficos (elevaciones, pendientes, formaciones rocosas, cuerpos de agua) y las condiciones climáticas que presentan las zonas rurales.

Cabe mencionar, además, la importancia del rol del profesorado para el proceso educativo. Por un lado, cabe destacar la voluntad de muchos docentes que, en zonas rurales, realizan esfuerzos por brindar el servicio educativo de forma continua, a pesar de las adversidades mencionadas. Sin embargo, en muchos lugares del Perú, “los colectivos docentes no tienen el tamaño suficiente como para constituir colegiados profesionales que […] tendrían «un impacto trascendente en el desarrollo profesional de cada uno de sus integrantes»” [5]. Por otro lado, cabe mencionar que, dadas las precarias condiciones de enseñanza en las zonas rurales o la falta de medios para lograr un aprendizaje eficaz, “se reportan con frecuencia problemas de inasistencia docente y existe un interés permanente por parte del personal docente por lograr su desplazamiento hacia zonas más cercanas a la ciudad” [3].

Otra problemática que resulta perjudicial para el adecuado aprendizaje de los estudiantes de zonas rurales es la precariedad de la infraestructura de los centros educativos. Un entorno adecuado para el aprendizaje y la concentración de todo niño o adolescente implica la disponibilidad de los medios necesarios tanto para el aprendizaje como para el desarrollo personal del estudiante. Un estudio realizado por Cueto, Jacoby y Pollit revela algunas características de la escuela rural: con frecuencia tienen pizarras donde resulta difícil leer lo escrito, las actividades se realizan en carpetas bipersonales compartidas por tres alumnos, los techos de las aulas presentan orificios por donde se filtra la lluvia o el sol, además de no contar con instalaciones de agua, desagüe o electricidad [6].

Frente a estas dificultades, cabe examinar lo dispuesto el plano de la administración estatal de la educación. La Ley General de Educación detalla una amplia lista de funciones de las instancias de gestión educativa descentralizada. En ese sentido, las Instituciones educativas se encargan de elaborar y ejecutar el Proyecto Educativo Institucional, promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de su comunidad, entre otras actividades. Luego, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) se encargan de diseñar y ejecutar el Proyecto Educativo de su jurisdicción, conducir el proceso de evaluación del personal docente, apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías (TIC’s), entre otras labores. Asimismo, las Direcciones Regionales de la Educación (DRE) formulan y ejecutan el presupuesto educativo de la región, entre otras actividades. Finalmente, el Ministerio de Educación se encarga de dirigir y articular las políticas de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. Sin embargo, en la práctica nos encontramos ante una realidad retadora para la administración educativa. Así, por ejemplo, la labor de supervisión de las UGEL se ve dificultada por factores geográficos, de forma que existen Instituciones Educativas no supervisadas en los departamentos de Huancavelica, Loreto y San Martín [3].

Todas estas problemáticas permiten explicar los altos índices de deserción o interrupción escolar. De hecho, casi la tercera parte de la población rural logra terminar sus estudios primarios con un atraso de, por lo menos, dos años por motivos de abandono, deserción temporal o problemas para aprobar el grado [7]. Esto refleja la magnitud del daño de diversos factores institucionales, estructurales y sociales que impiden a los estudiantes ejercer efectivamente su derecho a la educación.

Evidenciadas las problemáticas que enfrenta la educación en zonas rurales, resulta pertinente su análisis desde un enfoque de Derechos Humanos; principalmente, en torno al derecho a la educación, a la igualdad y a la identidad. Con respecto al primero, la ONU ha establecido que “la educación deberá ser reconocida como un proceso por medio del cual los seres humanos y las sociedades pueden alcanzar su entero potencial” [8]. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dicta que los Estados tienen las obligaciones de respetar, proteger y llevar a efecto cada una de las características fundamentales del derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad [8]. No obstante, respecto a la educación rural en el Perú, se ha evidenciado que no cumple con las características esenciales que requiere por ser un derecho fundamental y que permita a niños, niñas y adolescentes desarrollar su potencial y desenvolverse autónomamente en el futuro.

Asimismo, respecto al derecho a la igualdad, es necesario abarcar la educación rural desde un enfoque interseccional. En ese sentido, la edad, situación económica, género, lengua, discapacidades, religión, etnicidad, etc., de ningún modo pueden ser un motivo por el cual un niño, niña o adolescente se vea limitado o impedido de educarse y recibir un servicio de calidad. Al contrario, es una obligación del Estado implementar las medidas y políticas públicas necesarias para reducir las brechas que impactan negativamente en áreas rurales.

Finalmente, en torno al derecho a la identidad, es conveniente recordar la relación que existe entre la documentación y el acceso a la educación. El Documento Nacional de Identidad (DNI) es fundamental para las matrículas escolares. Sin embargo, existen factores registrales, económicos, geográficos y sociales que obstaculizan el acceso al derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes. A su vez, esto impide que puedan acceder a otros derechos fundamentales, incluyendo la educación. De esa forma, en regiones como Huánuco, San Martín, Piura, Amazonas y Loreto, aún existen estudiantes que no cuentan con DNI [3].

En este contexto, cabe resaltar que la pandemia del COVID-19 y la consecuente paralización de la educación en su modalidad presencial incrementó las brechas ya existentes entre el servicio educativo en zonas rurales en comparación con dicho servicio en zonas urbanas. En ese sentido, “si bien la educación a distancia es una importante herramienta, esta es una medida que no atiende a todos los NNA de forma equitativa, una vez que el acceso a equipos informáticos y a internet no está universalizado en las Américas” [9]. Debemos resaltar que la raíz del problema no es, únicamente, la necesidad de proveer a los estudiantes y docentes rurales de los medios necesarios para un aprendizaje eficaz, sino que es esencial la supervisión por parte del Estado y que este garantice que el uso que se le da a los recursos educativos contribuye al desarrollo académico y personal de los estudiantes. Esta labor implica la capacitación en el uso de las TIC’s, la evaluación desempeño del alumnado mediante medios digitales en comparación con su desempeño en un entorno educativo presencial, entre muchos otros factores similares.

En síntesis, existen numerosos factores que dificultan el acceso y la calidad de la educación en zonas rurales de nuestro país. Estas problemáticas, además de ocasionar la deserción escolar, significan una vulneración al derecho a la educación de muchos niños y jóvenes peruanos. Asimismo, la ruralidad del entorno les impide acceder a otros servicios básicos que son esenciales para un adecuado desarrollo escolar. Frente a la pandemia del COVID-19 y la paralización de la educación en modalidad presencial, resulta urgente y necesaria la implementación de políticas públicas, cuya ejecución se realice de manera articulada por parte de las instancias de gestión educativa descentralizada, que impliquen la supervisión y gestión eficiente de recursos educativos, con el fin de garantizar tanto el derecho a la educación como el derecho a la salud de los estudiantes que han visto frenado su desarrollo académico y personal y que, además, no cuentan con los recursos necesarios para acceder a la educación en modalidad remota.

Referencia bibliográfica:

[1] INEI (2016). Encuesta Nacional de Hogares.

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/

[2] Comité de los Derechos del Niño. (2016). Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú.

https://www.unicef.org/peru/informes/observaciones-finales-del-comite-de-los-derechos-del-nino-al-estado-peruano

[3] Defensoría del Pueblo. (2013). Una mirada a la escuela rural (N.o 017–2013-DP/AAE).

[4] Instituto Nacional de Estadística e Informática. (6 de agosto de 2021). Preguntas frecuentes.https://www.inei.gob.pe/preguntas-frecuentes/

[5] Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. (2020). «Nadie sabe cuántos colegios hay en el Perú»: una propuesta para integrar la educación. https://bit.ly/3rXifIU

[6] Cueto, S., Jacoby, E., & Pollitt, E. (1997). Rendimiento de niños y niñas de zonas rurales y urbanas del Perú. Revista De Psicología, 15(1), 115-133. https://doi.org/10.18800/psico.199701.004

[7] Urrutia, C., & Trivelli, C. (2019) Juventud rural en el Perú: Lo que nos dice el Censo 2017.

https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1157/Carlos-Urrutia_Carolina-Trivelli_Juventud-rural-peru.pdf?sequence=1

[8] Bolívar, L. (2010). El derecho a la educación. Revista IIDH, 52, 191–212.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25566.pdf

[9] Civilis Derechos Humanos. (2020). CIDH advierte sobre las consecuencias de la pandemia por COVID-19 en niñas, niños y adolescentes.

https://www.civilisac.org/democracia-estado-de-derecho-y-ddhh/cidh-advierte-sobre-las-consecuencias-de-la-pandemia-por-covid-19-en-ninas-ninos-y-adolescentes

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