A dos décadas del Conflicto Armado Interno: ¿Cuáles son las obligaciones pendientes del Estado peruano con las víctimas del CAI?

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Escrito por Piero Chávez, miembro del Área de Investigación del Equipo de Derechos Humanos.

El pasado 28 de julio, además de celebrarse el Bicentenario de la Independencia del Perú, se cumplieron más de dos décadas del fin del Conflicto Armado Interno (CAI) (1980-2000). Este proceso histórico marcó un antes y un después para el país, debido a la magnitud de la violencia desplegada y a sus implicancias sociopolíticas. Al término de este periodo, el Estado peruano emprendió el proceso de transición de un contexto de violencia y dictadura hacia un horizonte democrático. Con este fin, se recurrió a la justicia transicional a fin de enfrentar este periodo de vulneraciones a los derechos humanos, así como reparar a las víctimas del conflicto. A dos décadas del CAI, son evidentes los avances estatales orientados a este objetivo. Sin perjuicio de ello, en este artículo, se presentarán las obligaciones pendientes del Estado peruano para lograr una plena reconciliación nacional. 

De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el CAI que se desarrolló en el Perú ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda la historia republicana [1]. De esta manera, se evidencia que la violencia política desplegada tanto por grupos subversivos como por agentes estatales generaron un contexto de terror para la población peruana: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política, entre otros crímenes. Además, es necesario mencionar que este periodo reveló las brechas y desencuentros profundos en la sociedad peruana [1]. En otras palabras, se debe reconocer que, si bien el CAI afectó a la sociedad en conjunto, no afectó a todos los sectores por igual: el 75% de las víctimas era pobre, vivía en zonas rurales y tenía como lengua materna el quechua [2]. Entonces, las poblaciones históricamente despojadas de ciudadanía fueron las más afectadas por este escenario de violencia, que acentuó las desigualdades estructurales. 

En el año 2000, luego del fin del CAI y el retorno a la democracia, la comprensión de los hechos ocurridos durante este periodo de violencia representaba una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y de la clase política con el objetivo de identificar a los responsables de las vulneraciones a los derechos humanos y reparar a las víctimas de este conflicto. Para entender este proceso de cambios políticos, es necesario presentar el concepto de justicia transicional. Esta se define como el marco político-jurídico que busca enfrentar un pasado de graves vulneraciones a los derechos humanos a través de mecanismos institucionales, como procesos judiciales o comisiones de la verdad, con el fin de recuperar la confianza cívica, y lograr la reconciliación nacional y la democratización [3]. 

Así, en este contexto, se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como una muestra de la voluntad política por comprender el pasado de violencia y por la reconciliación de un país fragmentado por el periodo de violencia política. La CVR representó una ventana de oportunidad para las organizaciones de las víctimas del conflicto, que les permitió lograr una participación más activa en el proceso de justicia y un nuevo rol en las relaciones entre el Estado y la sociedad para la concreción de sus demandas [4]. De esta manera, resaltan los siguientes avances estatales: la dación de la Ley que declara el Plan Integral de Reparaciones (2005); el Programa REPARED (2012), dirigido a entregar becas educativas a las víctimas de la violencia política; y la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre los años 1980 y 2000 (2016) [4]. Además, se conoce la cifra de víctimas del conflicto, que asciende a 69, 280 víctimas, entre personas asesinadas y desaparecidas. También se determinaron las causas que generaron el conflicto y se identificaron a los responsables de los crímenes, así como se realizaron audiencias públicas y en la lengua materna de las víctimas del conflicto [3]. 

Sin perjuicio de estos avances, el Estado peruano aún mantiene obligaciones pendientes con las víctimas del conflicto armado interno, las cuales son necesarias para lograr la necesaria reconciliación nacional. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas del periodo de violencia política, cerca de 200 mil personas siguen esperando la reparación de sus derechos a la salud, la educación o la vivienda y, más ampliamente, un reconocimiento de su condición de ciudadanas [2]. Como consecuencia del CAI, las brechas de acceso a servicios básicos se acentuaron como el acceso a la educación, salud, entre otros. De esta manera, el Estado tiene el deber de garantizar que las víctimas, principalmente provenientes de zonas rurales y quechuahablantes, puedan acceder a estos derechos fundamentales. Sin embargo, a partir de la cifra mencionada, se evidencia que el Estado ha presentado deficiencias en lograr que estas personas puedan gozar de los derechos en cuestión. Además, producto de la violencia política, hubo procesos de desplazamiento forzado; es decir, las personas tuvieron que abandonar sus hogares para mantenerse a salvo de los grupos subversivos o de agentes estatales. Por ello, garantizar el derecho a una vivienda digna es vital para reparar a estas víctimas del conflicto. 

Asimismo, respecto a las personas desaparecidas forzosamente, las organizaciones de las familias de estas víctimas presentaron un informe crítico al Ministerio de Justicia a fin de mejorar el proceso de búsqueda. Estas organizaciones exigen que el Estado amplíe la búsqueda en las regiones de Junín, Huánuco, San Martín y Huancavelica, ya que estas son las que poseen mayor número de casos de desapariciones. Además, solicitan que se fortalezca el acompañamiento psicosocial que deberían recibir los familiares que intervienen en el proceso de búsqueda, sobre todo en las comunidades alejadas de las ciudades. Finalmente, proponen un mejor método de recopilación de información; por ejemplo, la construcción de mapas de posibles sitios de entierro o la integración de las declaraciones de los procesados como fuente de búsqueda [5]. Además, mejorar los mecanismos estatales para la búsqueda de personas desaparecidas constituye otro de los objetivos para lograr un proceso de justicia pleno, ya que involucra el derecho a la dignidad de las víctimas que fueron desaparecidas y el derecho a la verdad de sus familiares. Si bien los avances del Estado en la recolección de información es innegable, aún existen personas que no han sido encontradas y, con ello, familias que continúan en la lucha por encontrar sus cuerpos. 

A modo de conclusión, se presentó el conflicto armado interno (CAI) como el periodo de mayor violencia política en la historia republicana del Perú y las posteriores acciones del Estado a fin de comprender los hechos ocurridos y reparar a las víctimas, en el marco del proceso de justicia transicional. Esta supuso una serie de acciones estatales que permitieron avances en el proceso de reconciliación nacional; sin embargo, este no ha concluido: aún se evidencian obligaciones que el Estado peruano debe cumplir a fin de lograr una justicia plena y enfrentar las graves vulneraciones de los derechos humanos; por ejemplo, garantizar el derecho a la educación y viviendas de las víctimas, así como mejorar los mecanismos de búsqueda de las personas desaparecidas forzosamente. No es posible hablar de reconciliación nacional sin memoria, justicia y reparación para quienes fueron víctimas de este periodo de violencia política. 

Referencias

[1] Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2004). Hatun Willakuy. Versión Abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.   

https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/11/hatun-willakuy-cvr-espanol.pdf

[2] Jave, I. (2020, 27 de julio). Bicentenario y memoria. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/bicentenario-y-memoria/

[3] Reyes, V. (2021, 19 de junio). Conflicto Armado Interno y Derechos Humanos [sesión de conferencia]. Sesión de capacitación para el Equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

[4] Jave, I. (2017, 28 de agosto). 14 años de la entrega del Informe Final: La memoria de las víctimas. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/14-anos-la-entrega-del-informe-final-la-memoria-las-victimas-iris-jave/

[5] Instituto de Democracia y Derechos Humanos. (2019, 19 de marzo). Búsqueda de personas desaparecidas: Organizaciones de familiares entregan al Minjus documento con propuestas para mejorar la implementación del Plan de Trabajo

https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/idehpucp-y-epaf-entregan-al-minjus-documento-con-demandas-y-propuestas-para-la-busqueda-de-desaparecidos-durante-el-cai/

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