Azul Rojas Marín: un caso de la normalizada vulneración de derechos humanos de las personas LGTBIQ+ en manos de agentes estatales

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Escrito por Mariel Abad y Joaquín López, miembros del Área de Investigación del Equipo de Derechos Humanos.

Durante muchos años, ha existido una evidente vulneración a los derechos humanos hacia los miembros de la comunidad LGBTI. En ese sentido, estas personas han sido sistemáticamente discriminadas y estigmatizadas debido a su orientación sexual e identidad de género. Este contexto y la ausencia de un marco normativo concreto en su favor, han generado la afectación de sus derechos fundamentales a la vida, integridad, identidad, salud, trabajo, educación, entre otros. [1] Asimismo, aún existen países en donde todavía se criminaliza ser parte de la comunidad con sanciones que van desde la cárcel hasta la pena capital. [2] En adición a ello, hasta el día de hoy, se evidencia discriminación de la comunidad por parte de policías y/o agentes estatales. Un ejemplo de ello es el 28 de junio, día en el cual se celebra el ‘Día Internacional del Orgullo LGBT’, en conmemoración a los disturbios de Stonewall, ocurrido en 1969. Aquella noche, diferentes miembros de la comunidad LGBTI se encontraban en la discoteca Stonewall, ubicada en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Allí, aquellos asistentes se enfrentaron a la policía en una serie de manifestaciones espontáneas en contra de estas redadas. [3]

Sin embargo, en Perú, un evento que ha cobrado relevancia en todo el mundo es el caso específico de Azul Rojas Marín. El 25 de febrero del 2008, Azul fue detenida y trasladada a una comisaría de la ciudad de Casa Grande, en la costa norte del Perú, en donde sufrió golpes, insultos y violación sexual. [4] La razón del arresto de Rojas Marín, quien caminaba de vuelta a su casa, por parte de unos policías, era para verificar su identidad. Sin embargo, ella no llevaba ningún documento para hacer constancia de su identidad. Ese mismo día, Rojas Marín denunció el incidente en aquella misma comisaría. Empero, no la atendieron. Azul tuvo que acudir a los medios de comunicación y a la Fiscalía para denunciar a aquellos policías por los cargos de violación, abuso de autoridad y tortura. Sin embargo, en enero del 2009, el Poder Judicial archivó las demandas por violación y abuso de autoridad. [5] Ya agotadas las vías nacionales, Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Redress Trust ayudaron a Azul a llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se determinó que, en este caso específico, no se habían cumplido los requisitos de la detención con fines de identificación; además, que el “Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBT”. [6]

En relación a su relevancia, es menester señalar que la sentencia de la Corte es sumamente importante en la región, debido a que aporta al desarrollo de los estándares de derechos humanos de las personas LGBTI mediante pronunciamientos contenciosos de la institución. El caso Azúl es el cuarto resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la materia y es el único expresamente vinculado a los actos de violencia contra la comunidad [4]. El caso Azul se constituye como uno de los logros en la lucha por el reconocimiento y vigencia de los derechos de la comunidad LGBTI peruana del 2020 [7]. Asimismo, como se mencionó anteriormente, distintas instituciones nacionales e internacionales apoyaron y representaron a Azul ante la Comisión y la Corte: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y Redress Trust [8]. Esto significa un gran progreso para la defensa de las personas LGTBIQ pues demuestra que pese a la violación sistemática de derechos humanos en el Perú de este grupo, distintas ONG y agrupaciones están constantemente alzando la voz y litigando contra las acciones de privados y el propio Estado que vulneran su integridad, identidad y vida.

El activismo de Azul fue seguido por los medios de comunicación desde que ella denunció los hechos en 2008. Ese año obtuvo una entrevista con Cesar Hildebrandt en la que relató todos los hechos de esa trágica noche y la impunidad que obtuvo de las autoridades. Además, a raíz del pronunciamiento de la Comisión IDH que encontró al Estado peruano responsable, la entrevistaron y elaboraron reportajes sobre su caso en el 2019. [9]. Su caso no solo es materia de discusión en el país, en la plataforma Youtube se pueden visualizar videos explicativos sobre el pronunciamiento de la Corte que resaltan su trascendencia para la causa LGTBIQ en la región. Finalmente, meses después de la promulgación de la sentencia de la Corte CIDH el Ministerio de Inclusión y Poblaciones Vulnerables recordó que el Estado peruano está obligado a cumplir con lo dispuesto por la Corte en su sentencia por el caso de Azul [10]. Sin embargo, aún no se ha pronunciado con respecto a los avances en el cumplimiento de su obligación de adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTI y eliminar el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú [6].

Resaltamos el largo camino por el que Azul tuvo que atravesar para obtener un fallo a su favor, camino que ninguna persona tendría que pasar para que el sistema de justicia funcione en su país. No solo se reconoció la responsabilidad del Estado peruano por la violación de distintos derechos establecidos en el Pato de San José, sino que, luego de una serie de negativas en la jurisdicción interna, se reconoció que Azul fue victima de tortura. Así, pasó 12 años de su vida luchando contra las acciones y decisiones de distintos funcionarios de su propio Estado. La Corte IDH le ha dado sentido a su búsqueda de justicia; sin embargo, es tarea de la ciudadanía y del Estado peruano erradicar los actos discriminatorios institucionalizados y/o socializados que perpetúa un sistema social que aún no reconoce la totalidad de la diversidad de su composición.

Referencias:

[1] Defensoría del Pueblo. (2021, 06 de junio). Población LGBTI. https://www.defensoria.gob.pe/grupos_de…/poblacion-lgtbi/

[2] Expansión. (2019, 28 de junio). ¿En qué lugares del mundo es ilegal ser parte de la comunidad LGBT? https://expansion.mx/…/en-que-lugares-del-mundo-es…

[3] La Vanguardia. (2019, 23 de junio). El kilómetro cero del movimiento gay. https://www.lavanguardia.com/…/el-kilometro-cero-del…

[4] Salmón, E. (2020, 1 de abril). Discriminación contra personas trans: El caso de Azul Rojas Marín vs. Perú en la Corte . Instituto de Democracia y Derechos Humanos. IDH https://idehpucp.pucp.edu.pe/…/discriminacion-contra…/

[5] BBC News Mundo (2019, 28 de agosto). Azul Rojas Marín: la histórica denuncia de la mujer transgénero que acusa a la policía de Perú de violación y tortura. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49476507

[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2020, 12 de marzo). Caso Azul ROjas Marín y otra vs. Perú.
https://www.corteidh.or.cr/…/articulos/seriec_402_esp.pdf

[7] La República. (2021, 1 de enero). Ocho logros en la lucha de la comunidad peruana LGTBI+ durante 2020. https://larepublica.pe/…/ocho-logros-en-la-lucha-de…/…

[8] Linares, J. (2021, 21 de mayo). Derechos humanos: caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Ius 360.
https://ius360.com/derechos-humanos-caso-azul-rojas…/

[9] Panorama.(2020, 5 de agosto). Azul escapando de la injusticia PANORAMA

. Youtube. https://youtu.be/qg_pzFvLNLs

[10] Andina. (2020, 6 de septiembre). MIMP ratifica su compromiso para erradicar la discriminación contra la comunidad LGBTI+. https://andina.pe/…/noticia-mimp-ratifica-su-compromiso…

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